Como en la gesta iniciada en 1868, la guerra por el Artículo 68 fracasó por falta de unidad y decisión entre sus líderes. Una vez más la revolución se pospone.

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Afrontemos los hechos. En julio de este año la Asamblea lanzó una propuesta que nos catapultaba al siglo XXI y prometía conceder derechos a quienes hoy no los tenemos.

Recuerdo las palabras de los diputados en aquellas sesiones parlamentarias de verano, en especial las de Miguel Barnet con su “el amor no tiene sexo”. Me sentí muy orgulloso de mis representantes.

Hoy, con las sesiones de invierno y luego de un otoño asambleario de vientos y hojas secas, el frío hace que el perro esconda el rabo entre las patas.

Homero Acosta dice que para respetar el criterio de la mayoría se excluye del texto constitucional el principio del “matrimonio como la unión concertada entre dos personas” (Art. 68) y ahora se deja que “el matrimonio es una institución social y jurídica. Es una de las formas de organización de las familias. Se funda en el libre consentimiento y la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges” (Art. 82). O sea, que a causa de esa mayoría, las 88 mil reuniones donde se abordó el tema y no sabemos en definitiva quiénes hablaron en contra, se renuncia a un concepto liberador, inclusivo y respetuoso de los derechos humanos por otro que es una simple definición de diccionario donde cabe todo.

Luego, para darle un cierre al tema, deja en manos de un Código de la Familia y un referéndum dentro de dos años la solución del conflicto.

¿De veras es esta mayoría imprecisa lo que le preocupa a la Comisión Redactora? ¿O serán las cartas enviadas al Comité Central por el grupo de iglesias que reunió 180 mil firmas (a decir del sitio Tremenda Nota)?

A la conclusión que puedo llegar es que el temor a perder una mayoría aplastante en la votación de febrero los llevó a optar por lavarse las manos. Ellos no quieren que la nueva Constitución salga aprobada con menos de un 90% de votos. Ellos quieren la acostumbrada unanimidad.

Pero esto entraña para el gobierno todo un costo político. Con esta jugada se desvelan la debilidad, la ambigüedad, los titubeos, la falta de coherencia y coordinación en lo que se propone y lo que se hace. Da la idea de que todo se fue improvisando sobre la marcha y tanteando con temor la opinión pública a falta de encuestas y estudios de opinión.

Los números salidos del proceso de consulta son cifras que dicen algo sobre todo y mucho sobre nada. Cualquier metodólogo o investigador sabe que no cumplen con los requisitos básicos de una encuesta o sirven verdaderamente para tomar el pulso de lo que opina la gente. En las asambleas se plasmaron en las actas las opiniones divergentes. La metodología fue preguntar por adiciones, supresiones o modificaciones, y nunca por quienes estaban a favor de algo. ¿Cómo podemos saber en definitiva quienes estaban a favor o en contra?

Ha quedado al descubierto la debilidad del gobierno al sentirse intimidado por las amenazas del ala más radical de las iglesias cubanas que demostraron de una forma que sorprendió a todos el poder con que cuentan.

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Con esto muchos parecen haber olvidado que este es un Estado laico y que en Cuba la iglesia ni pinta ni da color. La Constitución debe ser un texto valiente que incluya y proteja a todos los cubanos y que no se esconda tras códigos o leyes aprobados tras bambalinas o con ambigüedades y tecnicismos. La ley de la Biblia tiene que quedarse al interno de los templos y en el corazón de aquellos que la acepten, pero nunca imponer su código moral al resto de los que vivimos en esta tierra.

No puedo estar de acuerdo con el artículo de Francisco Rodríguez en su blog, sino que insisto en que a estas alturas, tras 60 años de alfabetización, desarrollo de la cultura y emancipación humana, constituye un rotundo paso atrás en la forma en que el gobierno decidió afrontar los problemas difíciles y no defender de manera frontal y decisiva a las minorías discriminadas y abandonadas.

Tampoco puedo estar de acuerdo con Paquito cuando dice que “Seríamos demasiado egoístas quizás si pretendiéramos anteponer nuestros derechos a otros muchos aspectos positivos de este proyecto”. Permitir que un grupo de personas (muy pequeño, por cierto) acceda a un derecho que tienen los demás está muy lejos de ser egoísta, sobre todo si miramos a la historia pasada y reciente, así como el presente marcados por el machismo, la homofobia y los malos tratos.

De nada valen los tuits aclaratorios de Mariela Castro. La esencia del problema es la misma pese a la forma “torpe” en que la Asamblea lo pudo haber publicado en Twitter.

Pero lo más peligroso no se lo he escuchado decir a nadie, ni en medios oficiales, alternativos o las redes sociales: Nadie se cuestiona el hecho de que están por mandar a un referéndum los derechos de la comunidad LGBTIQX.

Los derechos no se plebiscitan. Esta es una república con todos y para el bien de todos. Dejar en las manos de las demás personas tener el derecho a casarse con quién se quiera es un acto de violación de los derechos individuales y sociales, y un acto de cobardía del gobierno por no querer protegernos.

El Estado se lava las manos en el asunto y deja nuestra intimidad y derechos en manos de otro grupo social radicalizado que ya sabemos de antemano que cuenta con mayoría y abundantes recursos, muchos de las cuales llegan desde el exterior.

¿De qué nos sirve una constitución que desde antes de su nacimiento ya se anuncia como un pacto de cobardes? ¿Adónde llegará este nuevo contrato social que entre todos votaremos en febrero? Desde ya siento vergüenza en cómo se lo voy a explicar a mis hijos y nietos en el mañana.

Proponer un referéndum sobre un eventual código de la familia, por muy democrático que nos pueda sonar, es pasarle por encima a los derechos humanos de minorías desprotegidas; creará divisiones artificiales entre la sociedad, fomentará la homofobia fundamentalista de quienes van en contra y el radicalismo de quienes van a favor.

La simbiosis democracia-socialismo debe saber jugar con el equilibrio entre el consenso y la ruptura radical. Siempre lo deseado es que todos marchemos juntos y unidos en la misma dirección, pero la vida nos ha demostrado que eso no siempre es útil o sano. Del intercambio activo (y hasta áspero) salen muy buenas propuestas y soluciones también. Por parte de la ruptura radical se trata de no coquetear con aquellos sectores retrógrados con tal de tener sus votos, sino de saber cuándo dar el paso si con ello se gana en justicia y derechos. Ese es el sentido de una verdadera revolución.

20.12.2019